Tras los disturbios registrados durante la manifestación por el Día Internacional de la Mujer en Tijuana, organizaciones de abogados y el Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana emitieron posicionamientos en los que reconocen el derecho a la libre manifestación, pero condenan los daños ocasionados a instalaciones públicas y documentos judiciales.

La movilización del 8 de marzo inició en el monumento conocido como “Las Tijeras”, en Zona Río, desde donde contingentes avanzaron por Paseo de los Héroes hacia las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE). A diferencia de años anteriores, quienes convocaron a la manifestación mantuvieron en reserva la ruta, la cual fue comunicada a las asistentes conforme avanzaba el contingente.

Durante el recorrido participaron grupos que integraban el llamado “bloque negro”, quienes se colocaron al frente de la movilización y realizaron pintas y daños en diversos inmuebles. Al llegar al complejo de la Fiscalía, también se registraron destrozos en oficinas cercanas, incluidos los juzgados Séptimo y Octavo de lo Familiar.

Posteriormente, la movilización se dirigió hacia Palacio Municipal, donde ya se encontraba instalado un cerco de seguridad integrado por elementos femeninos de la Policía Municipal resguardando el edificio. Ante ello, el contingente no ingresó a las instalaciones y se concentró en el patio exterior, donde se encontraba una carpa utilizada para eventos del Ayuntamiento, registrándose daños principalmente en mobiliario y estructuras instaladas en la explanada.

Señalan afectaciones a expedientes judiciales

La Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de Baja California (FEDABO) condenó los hechos y solicitó a las autoridades estatales investigar los actos vandálicos y sancionar a las responsables.

En un posicionamiento dirigido a la gobernadora del estado, la fiscal general y el secretario de Seguridad Ciudadana, el presidente de la federación, David Jesús Rincón Rey, señaló que los daños no solo afectaron instalaciones, sino también documentos judiciales.

De acuerdo con el pronunciamiento, durante los disturbios se destruyeron expedientes relacionados con solicitudes de órdenes de restricción, pensiones alimenticias y procesos de adopción, lo que podría impedir la ejecución de esos procedimientos.

“Habrá carpetas de investigación que no podrán seguir su curso por haberse destruido documentos originales de imposible confección”, señala el documento, donde también se advierte que esta situación podría poner en riesgo a mujeres y menores involucrados en esos procesos.

Comité ciudadano advierte impacto en acceso a la justicia

Por su parte, el Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana (CCSPT) manifestó “profunda preocupación” por los hechos registrados durante la jornada.

El organismo indicó que si bien la manifestación es una expresión legítima en una sociedad democrática, no debe derivar en conductas que vulneren la ley, afecten a terceros o comprometan el funcionamiento de instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia.

El presidente del comité, Edgardo Flores Campbell, señaló que particularmente grave resulta la intrusión en instalaciones de la Fiscalía y juzgados familiares, así como el daño o sustracción de expedientes relacionados con carpetas de investigación, lo que podría afectar procesos judiciales y el derecho de las víctimas al acceso a la justicia.

El organismo también expresó preocupación porque, según su posicionamiento, cada año se incrementa el nivel de violencia durante estas manifestaciones, además de señalar lo que calificaron como una aparente actitud “complaciente, omisa o permisiva” de las autoridades frente a estos hechos.