El proceso judicial contra una presunta organización dedicada a la trata de personas y explotación sexual en el denominado caso “Bar Adelitas” enfrenta un nuevo obstáculo legal, luego de que una magistrada federal se excusara de conocer recursos fundamentales para la causa.

La magistrada Priscilla Velásquez Plasencia, integrante del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, presentó un impedimento para participar en la resolución de dos amparos en revisión vinculados con víctimas y acusados del expediente, lo que en la práctica ha detenido temporalmente resoluciones clave para el avance del proceso penal.

Los recursos judiciales forman parte de la ruta legal para confirmar órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso contra presuntos integrantes de una red criminal señalada por autoridades federales como responsable de prostitución forzada, delincuencia organizada y trata de personas en Tijuana.

Argumento de la excusa

En su escrito, la magistrada sostuvo que su desempeño previo como funcionaria municipal en el área de atención a mujeres víctimas de violencia podría generar dudas sobre su imparcialidad, pese a que no intervino directamente en los hechos investigados.

Sin embargo, especialistas consultados en el ámbito jurídico han advertido que este tipo de interpretaciones podrían abrir la puerta a que jueces y magistrados con experiencia en derechos humanos se inhiban de conocer casos relacionados, lo que tendría efectos en el acceso a la justicia de las víctimas.

Riesgos para el proceso

Fuentes judiciales señalan que la excusa deja en incertidumbre la revisión de expedientes determinantes para consolidar las acciones penales contra el presunto líder de la organización, identificado como Juvenal Jiménez Loza, alias “El Padrino”, quien cuenta con orden de aprehensión y permanece prófugo.

El retraso en la resolución de amparos podría provocar que los expedientes sean turnados a otros tribunales, lo que implicaría nuevas demoras en un caso que ya acumula años de litigio.

Investigaciones paralelas

De manera paralela, autoridades federales mantienen indagatorias sobre posibles actos de corrupción o tráfico de influencias en torno al proceso, tras detectarse coincidencias entre reuniones de abogados defensores y operadores judiciales, según informes internos citados en reportes periodísticos.

Mientras tanto, las víctimas del caso Adelitas continúan a la espera de que los procesos judiciales avancen y se determinen responsabilidades penales contra quienes resulten culpables.

Un caso emblemático

El expediente Adelitas se ha convertido en uno de los casos más representativos sobre redes de explotación sexual en la frontera norte, donde organizaciones civiles han advertido desde hace años la persistencia de estructuras criminales que operan en bares y centros nocturnos, aprovechando la vulnerabilidad de mujeres y migrantes.

Para especialistas en seguridad y justicia, el desenlace del proceso será clave no sólo para las víctimas directas, sino para medir la capacidad del sistema judicial de procesar casos complejos de trata de personas en Baja California.