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En un contexto marcado por denuncias ciudadanas, videos difundidos en redes sociales y señalamientos de sectores productivos sobre presuntas extorsiones, el Ayuntamiento de Tijuana anunció que a partir de marzo comenzará a operar un sistema de 550 cámaras corporales para elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con el gobierno municipal, los dispositivos permitirán registrar intervenciones, monitorear operativos en tiempo real y fortalecer los mecanismos de supervisión interna. Antes de su implementación, los agentes recibirán un periodo de capacitación de aproximadamente dos semanas para el manejo del equipo.

El alcalde Ismael Burgueño señaló que la intención es transparentar el actuar policial y evitar abusos durante el contacto con la ciudadanía, en una corporación que en los últimos años ha enfrentado cuestionamientos constantes por la conducta de algunos de sus elementos.

Una medida que responde a la presión pública

La incorporación de cámaras corporales ocurre en un momento en que la desconfianza hacia la policía municipal ha sido alimentada por denuncias recurrentes de ciudadanos que afirman haber sido víctimas de cobros indebidos, amenazas o intentos de extorsión durante revisiones de tránsito, retenes o detenciones administrativas.

Policías municipales de Tijuana, asignados a la patrulla P-2878, suspendidos el 29 de enero mientras son investigados por presunta extorsión

Aunque no todos los casos derivan en denuncias formales ante la Fiscalía o Sindicatura, muchos han quedado documentados en videos difundidos públicamente, lo que ha incrementado la presión social para que se establezcan controles más estrictos sobre la actuación de los agentes.

Transportistas y trabajadores: señalamientos persistentes

Uno de los sectores que ha denunciado con mayor insistencia presuntas irregularidades es el de transportistas y operadores de carga, quienes han advertido sobre revisiones que, según relatan, terminan en solicitudes de dinero para evitar infracciones o remisiones de unidades.

  • Imagen ilustrativa: transportistas denuncian presuntos cobros indebidos por parte de elementos municipales.

Representantes del gremio han señalado que estas prácticas no son aisladas y que, en algunos casos, se repiten en determinadas zonas o turnos, lo que ha generado preocupación entre trabajadores que deben circular diariamente por la ciudad.

Sin embargo, el temor a represalias, la pérdida de tiempo en trámites y la desconfianza en los procesos administrativos han provocado que muchos de estos casos no se formalicen en denuncias.

Ciudadanos exhiben a policías en redes sociales

Durante los últimos meses, diversos videos han circulado en plataformas digitales en los que ciudadanos confrontan a agentes municipales, acusándolos de intentar obtener dinero o de actuar de manera intimidatoria durante revisiones.

En algunas grabaciones, los ciudadanos cuestionan directamente a los agentes sobre los motivos de la intervención o sobre presuntas solicitudes de pago, mientras otros registros muestran detenciones o uso de la fuerza que han generado debate público sobre los protocolos policiales.

Este tipo de evidencias, difundidas de manera inmediata en redes sociales, se ha convertido en uno de los principales mecanismos de denuncia ciudadana, ante la percepción de que los canales institucionales son lentos o poco efectivos.

Impacto en la percepción de la ciudad

Empresarios y representantes del sector turístico han advertido que los reportes de extorsión o abuso policial también afectan la imagen de Tijuana, particularmente entre visitantes nacionales y extranjeros que en ocasiones desconocen sus derechos o los procedimientos legales.

La percepción de riesgo, señalan, no sólo está relacionada con la delincuencia, sino también con la posibilidad de enfrentar problemas con autoridades durante estancias cortas en la ciudad.

Tecnología no sustituye la supervisión

Especialistas en seguridad pública han señalado que el uso de cámaras corporales puede ser una herramienta eficaz para reducir abusos, pero sólo cuando existe un sistema claro de supervisión, resguardo de evidencia y sanción a los responsables.

En otros municipios del país, la efectividad de estos dispositivos ha dependido de factores como la obligación de mantener las cámaras encendidas durante las intervenciones, auditorías periódicas del material y la transparencia en los resultados de las investigaciones internas.

El desafío de recuperar la confianza

Para la Policía Municipal de Tijuana, el reto no será únicamente operar los nuevos equipos, sino demostrar que el registro en video se traducirá en sanciones reales cuando se detecten irregularidades.

Mientras tanto, para muchos ciudadanos, la principal prueba será comprobar si la presencia de cámaras modifica la conducta de los agentes en la calle o si las denuncias y exhibiciones públicas continuarán siendo el principal mecanismo para evidenciar abusos.

La respuesta comenzará a observarse a partir de marzo, cuando los primeros elementos salgan a patrullar con las cámaras encendidas y bajo la mirada de una ciudadanía cada vez más dispuesta a documentar lo que ocurre frente a ellos.